Carta Abierta a Danilo Medina (Diciembre)

Carta Abierta al Presidente Dominicana Danilo Medina de la Diáspora en Nueva York

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14 de diciembre de 2013

Somos un grupo de estudiantes, educadores, activistas comunitarios y artistas dominico-americanos residentes en Nueva York. Recibimos con profundo dolor la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, la cual despoja de su nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados, principalmente de ascendencia haitiana, aplicada retroactivamente a 1929.

Le exigimos que (1) abandone la postura errónea que asumió su gobierno en defensa de la sentencia, (2) repare el daño causado a la imagen internacional del país y sus relaciones con otros países de la región, y (3) prioritariamente, restaure los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se les ha negado acceso a las protecciones de la nacionalidad dominicana durante años y cuya ciudadanía se ve amenazada de manera permanente por la sentencia del Tribunal Constitucional.

El fallo fue un acto autónomo del Tribunal Constitucional dominicano y generó lo que usted mismo reconoció como un “problema humano.” Bajo su dirección, funcionarios del gobierno y el cuerpo diplomático dominicano en el exterior han llevado a cabo una defensa de la sentencia que ha sido sumamente vigorosa y poco sincera. Sus funcionarios y embajadores, sobre todo el Embajador a los Estados Unidos, Aníbal de Castro, han llevado a cabo una campaña mediática para confundir la intención y el contenido de la sentencia caracterizándola erróneamente como una cuestión de soberanía nacional en materia de migración y nacionalidad.

El Sr. de Castro, y muchos defensores de la sentencia, acusan a quienes la criticamos de no haber leído el texto. Sin embargo, quienes apoyan la sentencia, aparentemente, no han leído las versiones anteriores de la Constitución. Antes de 2010, la Constitución de la República Dominicana nunca estipuló el estado migratorio de los padres como condición para la concesión de la nacionalidad a personas nacidas en suelo dominicano. Desde 1929, todas las Constituciones incluyeron apenas dos excepciones al jus soli, el principio que determina que toda persona nacida en el territorio de un país es un ciudadano: los hijos de diplomáticos y extranjeros en tránsito. El Tribunal Constitucional distorsiona el concepto de “extranjeros en tránsito” para incluir en él inmigrantes que residen ilegalmente en el país, afirmando que esta siempre ha interpretación correcta. No sólo es absurdo argumentar que un migrante que vive en un país durante décadas está en tránsito, sino que además nos lleva a cuestionar por qué la Constitución de 2010 tendría dos cláusulas redundantes. Si “en tránsito” y “residentes ilegales” son realmente lo mismo, debemos preguntarnos por qué los redactores de la Constitución en 2010 sintieron la necesidad de definir, por primera vez, que los hijos de las personas que residen ilegalmente en el país, sumados a los hijos de extranjeros en tránsito, no gozan de la nacionalidad dominicana por jus soli, como se establece en el artículo 18.3.

Hasta los últimos años, el gobierno dominicano, a cargo de varios presidentes distintos, también consideraba como ciudadanos a los hijos de inmigrantes indocumentados. Fue el Estado dominicano que le otorgó la nacionalidad y documentó a tres generaciones de dominicanos de origen haitiano durante 84 años, y hoy pretende desconocer esa nacionalidad en forma retroactiva hasta 1929. El reconocimiento de esta nacionalidad no fue una decisión aislada de funcionarios del registro civil, sino que fue una acción sistemática del Estado Dominicano, que otorgó todo tipo de documentos (actas de nacimiento, pasaportes, certificados escolares y universitarios, etc). El mismo Estado interpretó la Constitución sobre la base de que todo el que nacía en territorio nacional era dominicano. Hoy por hoy, ha cambiado su interpretación, y pretende hacerla retroactiva hasta 1929, despojando de su nacionalidad a miles de ciudadanos, lo cual es intolerable. La sentencia no resuelve los graves problemas de inmigración del país y no representa en absoluto una acción autónoma de un Estado soberano para establecer normas que regulan los requisitos para obtener la nacionalidad y la ciudadanía. La sentencia pretende revocar la ciudadanía y violar los derechos de decenas de miles, y, posiblemente, cientos de miles, de dominicanos de ascendencia haitiana que son reconocidos como ciudadanos dominicanos por el Artículo 18.2 de la Constitución de 2010.

Por este motivo, otros gobiernos de la región, entre ellos los miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización de Estados Americanos, han criticado la sentencia y al gobierno dominicano por su vigorosa defensa de lo indefendible. Los tratados internacionales de derechos humanos y las entidades regionales de protección a los derechos humanos, existen precisamente porque las graves violaciones a los derechos humanos no reconocen las fronteras nacionales. Sin lugar a dudas la sentencia del Tribunal Constitucional viola normas internacionales de derechos humanos, establecidas en los tratados ratificados por la República Dominicana. El Estado dominicano debe adoptar las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un primer paso para restaurar la imagen del país y su relación con países vecinos. Si continúa aislándose de la comunidad internacional, la República Dominicana se verá perjudicada políticamente y económicamente. Como presidente, usted debe reconocer el rotundo rechazo a la sentencia, tanto a nivel nacional como en el exterior, y buscar una solución pragmática.

Sin embargo, el mayor daño causado por la sentencia no ha sido el deterioro de la imagen internacional de la República Dominicana. La sentencia resultará en la desnacionalización masiva, posiblemente afectando a cientos de miles de ciudadanos que de repente dejarán de ser dominicanos. Muchos de ellos no conocen Haití, no hablan el idioma, y la totalidad de sus lazos afectivos se encuentran en la República Dominicana. El derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental, que la República Dominicana ha reconocido en varias convenciones y acuerdos internacionales que hoy parece ignorar.

Son preocupantes los antecedentes de su gobierno y de gobiernos anteriores en este sentido e indican el trato que recibirán las personas afectadas por la sentencia, que hoy carecen de seguridad jurídica. Desde 2007, miles de personas ya han sido despojadas de sus documentos de nacionalidad y de identidad, dejando sus vidas en suspenso y causándoles un daño irreparable. Dominicanos de ascendencia haitiana que se han esforzado para ser profesionales ya no podrán ejercer su profesión, jóvenes estudiantes no podrán avanzar en sus estudios; familias serán separadas.

No es suficiente decir que no habrá deportaciones masivas y que los derechos humanos y las consideraciones  humanitarias se tendrán en cuenta en el trato de las personas afectadas, como han afirmado muchos funcionarios dominicanos. Vale preguntarse, ¿cómo pretende el gobierno dominicano violar los derechos humanos de una manera humanitaria? Su gobierno ha realizado varias deportaciones de inmigrantes haitianos; en noviembre del año pasado se concretó un caso particularmente atroz. Alrededor de 464 haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana fueron deportados en la ciudad fronteriza de Neiba en medio de episodios de violencia y asesinatos de haitianos y dominicanos. Decenas de inmigrantes acudieron a la policía y el ejército en busca de refugio de las turbas violentas, sólo para ser deportadas por estas mismas instituciones. Si bien los representantes de su gobierno han afirmando que no habrá deportaciones masivas, parece que sus soldados y agentes de policía no han recibido el mensaje.

La respuesta por parte del Estado dominicano y de sus ciudadanos tras el terremoto de 2010 que causó daños extensos a nuestro país vecino, y la movilización de amplios sectores de la sociedad dominicana en defensa de los afectados por la sentencia son sólo dos ejemplos de la enorme solidaridad de los dominicanos. Le exigimos aliarse con estos dominicanos, en lugar de seguir promoviendo la histórica ideología anti-haitiana que sólo le interesa a los nacionalistas a la extrema derecha del espectro político.

Le exigimos que actúe rápidamente para remediar el daño causado a las personas que han sido despojadas de su nacionalidad y cuyos derechos humanos  han sido violados por la sentencia  y varios gobiernos consecutivos.

Hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a la República Dominicana con el fin de estudiar el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional. La visita pudo haber servido como una oportunidad sumamente necesaria para reflexionar y conducir el país hacia una solución a los problemas causados por la sentencia. Aun así, su gobierno ha preferido rechazar el informe de la Comisión, basándose en argumentos espurios de soberanía y declaraciones genéricas sobre la protección a los derechos humanos.

Es su responsabilidad solucionar este “problema humano” causado por la sentencia. Aceptar y adherir al informe de la Comisión Interamericana es un importante paso para asegurar que esta solución sea respetuosa de los derechos humanos consagrados en la Constitución nacional y los tratados internacionales, así como evitar la continuación del aislamiento de la República Dominicana para con sus vecinos.

Quienes somos inmigrantes o hijos de inmigrantes en Estados Unidos conocemos muy bien la discriminación y violaciones de derechos humanos que deben enfrentar los inmigrantes y sus descendientes. Afirmamos nuestra solidaridad con los dominicanos, particularmente los de ascendencia haitiana, que han perdido no sólo su nacionalidad, sino también la posibilidad de desarrollar una vida plena en su propio país. Vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos y hermanas dominicanos/as de origen haitiano para construir un país más justo e incluyente, que respeta los derechos humanos y celebra su diversidad. Todos somos dominicanos.

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